Nelson Medina, asesor jurídico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), responsabilizó al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el cobro irregular de G. 800 millones en concepto de indemnización a familiares de obreros fallecidos por electrocución, pero solo recibieron poco más de G. 70 millones en total.
El abogado Nelson Medina, asesor jurídico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), explicó todo el proceso que se realiza cuando se dan decesos de sus colaboradores por electrocución.
Las explicaciones que realizó, en contacto con radio Monumental 1080 AM, se dan tras fallecimiento de Antonio Acosta Contrera, de 53 años, y Marino Ramírez Casco, de 43 años, quienes recibieron una fuerte descarga al caerles encima un cable de baja tensión.
El accidente laboral ocurrió en agosto cuando ambos estaban realizaban trabajos de alambrado en un inmueble rural del barrio Santa Librada, ex Jaguakai, en Caaguazú.
Sobre el punto, especificó que no hay un plazo definido en el trámite de pedido de indemnización por electrocución de un trabajador de la estatal, pero “cuando están frente a situaciones extremas” la institución “actúa con mucho dinamismo”.
Estimativamente, se podría hablar de una duración del proceso de un mes y medio o dos meses. Acotó que normalmente se presentan los apoderados de las víctimas solicitando un resarcimiento económico.
En ese caso en particular, se presentaron en representación de las familias afectadas el abogado Darío Flores, abogado y Anadelia Acosta, funcionaria del Congreso.
Ambos acreditaron un poder general por asuntos judiciales administrativos con una clausula especial que les facultaba a recibir cheques y no a percibirlos, dejó en claro el abogado de la ANDE.
“Nosotros no realizamos ningún pago en efectivo por seguridad y emitimos un cheque al nombre del beneficiario y lleva estampada la leyenda de no transferible; sin embargo, se cobró de una manera absolutamente ilegal”, reprochó.
Hizo hincapié en que los cheques no podían ser cobrados por otras personas que no sean las beneficiarias. En este caso, Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino y Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio.
Abogado y funcionaria del Congreso solo estaban “facultados a retirar choques”
Flores y Acosta solo estaban facultados a retirar los cheques de G. 400 millones para cada una de las partes afectadas, que fueron emitidos en concepto de resarcimiento económico.
“(El poder) Solo les facultaba a retirar el cheque, ese cheque no podía haber sido cobrado. Acá la gente del banco es la que tiene que explicar por qué concedieron un pago totalmente irregular”, afirmó.
Por otro lado, dijo que Flores y Acosta eran muy afines a los familiares de las víctimas.
“Este señor y la señora son muy afines a los familiares de las víctimas. Aparentemente, estas personas abusaron de la confianza y el escaso conocimiento de las personas beneficiarias”, lamentó y sostuvo que están indignados con este desenlace.
“En los anales de la historia no se conoce situación de esta naturaleza y esto probablemente nos obligue a ser más rigurosos a la hora de estar verificando algún tipo de documento”, puntualizó e indicó que el trámite dentro de la ANDE “fue absolutamente normal”.
Luego de que el caso salga a la luz, la Cámara de Diputados dio por concluido el comisionamiento de la funcionaria del Congreso, que estaba comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales.
Al menos ocho personas estarían detrás del esquema, entre ellas Armoa Acosta, el director y un cajero de la sede del BNF en Repatriación, donde se hicieron los desembolsos irregulares.
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