Con los documentos, representó a las cámaras ante el JEM, órgano que se encarga de juzgar a jueces y fiscales. Llovieron denuncias por falsificaciones y él insistió en la veracidad de los papeles.
La fiscala Patricia Sánchez imputó ayer al senador cartista Hernán David Rivas Román por presentar su certificado de estudios y su título como abogado aparentemente falsos para jurar ante la Corte. El legislador –incluso– fungió como juez de jueces en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en función de la supuesta profesión.
La imputación es por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Según el Ministerio Público, existen indicios suficientes para afirmar que Rivas es autor de los hechos de producción mediata de su matrícula de abogado, su título de grado y el certificado de estudios, todos aparentemente falsificados.
Él había hecho constar que del 2010 al 2015, supuestamente, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, pero no existe documento académico “que pueda sostener la veracidad de lo que dicho documento certifica”, dice la imputación.
El senador había mostrado esos documentos “para acreditar su condición de abogado ante la Cámara de Diputados, órgano que en junio de 2020 le asignó la representación ante el (JEM)”.
Al siguiente año, usó nuevamente esas documentaciones para acceder a su matrícula, que la Corte le expidió el 7 de julio del 2021, y juró ante los ministros ese mismo día.
Y último, en el 2023, luego de asumir como senador, usó su matrícula y su título para representar esta vez a la Cámara Alta ante el Jurado y subir al cargo de presidente en dicho órgano.
FALSOS. “El certificado de estudios del imputado es un documento original, pero adolece de cuestiones formales de índole administrativa que nos llevan a sospechar de la verosimilitud de su contenido”, dice la imputación.
La tramitación de ese certificado se inició el 8 de junio de 2020 a las 17:45 y culminó al día siguiente, a las 12:06.
Para la Fiscalía, pesa en contra de Rivas también la “nula existencia de documentaciones de índole académica que respalden las constancias de haber cursado la carrera”.
Lo grave en el caso es que la matrícula y los documentos sirvieron solo para convencer a ambas cámaras del Poder Legislativo para entrar al Jurado.
Según la fiscala, esto resulta “relevante en la institucionalidad del sistema de Justicia, ya que la producción y el uso de la matrícula de abogado habrían permitido acceder al ahora imputado a la dignidad de juez de jueces, sin presumiblemente contar, con la aptitud académica que la Constitución exige”.
El caso había sido denunciado por la fiscala Casse Giménez, luego de ser enjuiciada por el caso audios justamente por el JEM. Ella había sostenido que los miembros del Jurado deben tener capacitación teórico-práctica y acabado conocimiento del Derecho para juzgar a jueces y fiscales.
DESAFUERO. La fiscala Patricia Sánchez ya solicitó al juez que pida el desafuero de Rivas al Senado, ya que el legislador cuenta con inmunidades parlamentarias que le protegen de ser procesado. Esto será un desafío para la Cámara Alta, que está integrada en su mayoría por cartistas.
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