El Senado sancionó el proyecto de ley que endurece las penas por el robo de energía con fines de criptominería. Sin embargo, se modificó un artículo del proyecto original que planteaba una mayor sanción a los funcionarios públicos que se aprovechaban de sus cargos para este delito.
La versión de la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley “Que protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes asociados a dicho hecho punible y modifica el artículo 173 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal” pasó al Ejecutivo para su promulgación o veto.
Se trata de una propuesta que endurece las penas hasta 10 años de cárcel por el robo de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para la criptominería o actividad similar.
También se establece que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) deberá asignar la administración de los equipos incautados a la ANDE.
Mientras que las multas o los recursos que provengan de la subasta de los bienes comisados serán depositados a una cuenta corriente a nombre de la empresa estatal.
En la versión del Senado, que fue aprobada el pasado 13 de junio, los senadores establecieron la sanción carcelaria cuando el autor “realizara la conducta con fines comerciales, industriales o alguna otra actividad lucrativa, abusando de su posición de funcionario o aprovechándose del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición”.
No obstante, en las modificaciones introducidas por la Cámara Baja se excluye a los funcionarios públicos del delito por el robo de energía.
Durante su estudio, la bancada de Honor Colorado se mostró a favor de acompañar el dictamen de Legislación, que aconsejó aceptar el texto de la Cámara Baja.
En tanto, otro dictamen en minoría solicitaba la ratificación en la sanción inicial del Senado, que era la postura de la oposición.
Natalicio Chase (ANR-Cartista) argumentó que en el texto de Diputados se agregaron modificaciones a la propuesta que “le dan un contenido más aplicable”. La versión de Diputados hace una diferenciación en el robo de la energía según la actividad, señaló.
Según explicó, en el texto del Senado los equipos incautados por la Fiscalía vuelven a reinsertarse al mercado. “Esta nueva versión incluye la incautación”, acotó.
Por su parte, la senadora por Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, advirtió que la Cámara de Diputados convirtió la propuesta original “en una ley especial y eso no puede ser nunca legal”.
“Esto es inconstitucional. La Cámara de Diputados no tiene la facultad de modificar 100% un proyecto de ley que se inició en la Cámara de Senadores. Este es el nuevo modus operandi del cartismo, donde el proyecto se inicia de una manera y termina convertido en otra cosa en la Cámara de Diputados”, afirmó
Paredes afirmó que las modificaciones de la Cámara de Diputados son “aberraciones”, ya que suprimió la causal de agravante cuando son los propios funcionarios los que hagan la sustracción.
“Le están encubriendo a los funcionarios de la ANDE”, remarcó.
Finalmente, el oficialismo impuso su mayoría para sancionar la versión de Diputados, cuyo texto ahora pasa el Poder Ejecutivo para su promulgación o veto
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