SAN PABLO. La violencia ha recrudecido en el litoral de São Paulo, región estratégica para el tráfico de cocaína hacia Europa a través del puerto de Santos. Desde finales de enero, 16 personas han muerto en tiroteos con la policía, en el marco de la segunda fase de la operación Escudo.
La primera se desató a finales de julio del año pasado, tras el asesinato de un policía militar de São Paulo, Patrick Bastos Reis. Murieron un total de 28 personas. Esta vez, la nueva ola de violencia se desencadenó con el asesinato de otro policía militar, Marcelo Augusto da Silva, abatido el 26 de enero por delincuentes de la región en la autopista de Santos. A partir de ese momento, la situación se agravó tanto que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de São Paulo decidió la semana pasada trasladar toda su oficina a Santos para controlar la emergencia directamente desde allí.
Además, a pesar de las fiestas de carnaval, se ordenó a policías militares de otras ciudades del estado paulista que se desplegaran en el litoral y estuvieran preparados en cualquier momento si la situación se agravara. En la ciudad cercana a Santos, São Vicente, incluso se cancelaron el Carnaval y sus desfiles.
Junto con la violencia, también ha estallado la polémica. Las familias de los civiles muertos por la policía proclaman su inocencia, mientras que para el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, “ha habido graves violaciones de los derechos humanos” y se declaró “preocupado”.
El año pasado, fue el ministerio de Silvio Almeida el que había estado en el punto de mira de la polémica por haber pagado un billete de avión para asistir a un evento del ministerio a Luciane Farias, esposa del líder del Comando Vermelho del estado de Amazonas Clemilson dos Santos Farias, conocido como “Tio Patinhas”. La mujer es presidenta del “Instituto Libertad de Amazonas”, el ILA, que afirma actuar como una ONG que defiende los derechos de los presos. Pero, según O Estado de São Paulo está financiada por el CV.
La “Dama del narcotráfico” como lo apodó la prensa brasileña fue condenada en segunda instancia a 10 años de prisión por los delitos de blanqueo de dinero, asociación para delinquir y organización criminal. Sin embargo, la mujer recurrió la sentencia y espera el juicio en libertad.
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